¿Sabías que tener una web de participación ciudadana será obligatorio para todos los municipios andaluces desde enero de 2020? ¿O que Madrid cuenta con una nueva ley de participación ciudadana desde abril de 2019? En la Comunidad Valenciana existe una compensación económica por participar. Y el Gobierno de Murcia ofrece soporte telemático a los procesos participativos de sus municipios.
Si te acabas de estrenar como concejal o consejero de participación ciudadana probablemente aún no te suene nada de esto. Y aunque los técnicos puedan tener algunos conceptos más frescos, nunca está de más un repaso de las nociones básicas. Por eso hemos elaborado este resumen del marco regulatorio de la participación ciudadana en España, haciendo hincapié en las novedades introducidas por las diecisiete leyes autonómicas publicadas entre 2010 y 2019. Si tienes alguna duda o sugerencia, contáctanos.
Contexto internacional de la participación ciudadana
Las recientes crisis de legitimidad institucional han hecho que muchos vean en la transparencia y la participación ciudadana un revulsivo contra la desafección política. Tanto es así que en 2011 las Naciones Unidas crearon la Alianza para el Gobierno Abierto, un organismo internacional que supervisa los planes de acción nacionales y subnacionales en 79 países (entre ellos España). La utilización de las nuevas tecnologías para la interacción entre gobiernos y ciudadanos están en el centro de estos planes. Pero la participación ciudadana no es un fenómeno que nace para subsanar los errores del pasado sino un pilar fundamental de los sistemas democráticos. Y por eso, para entender mejor el papel de la participación ciudadana en nuestras instituciones, debemos revisitar la Carta Magna de 1978.
Normativa estatal en materia de partición ciudadana
La palabra «participación» aparece catorce veces en la Constitución Española. Los artículos 9.2, 23.1 y 48 establecen que «corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social».
Posteriormente, en el artículo 1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), se señaló la importancia de la administración local como cauce inmediato para la participación ciudadana. En esta misma ley se recogen los derechos y deberes de los vecinos. Por ejemplo, los derechos de audiencia, iniciativa popular, solicitud de información, consulta o colaboración con el ayuntamiento, son derechos comunes a todos los ciudadanos independientemente del municipio y de la región en la que residan.
Como aspecto curioso de esta norma, cabe destacar la exclusión de la decisión como mecanismo de participación. Ya que en el artículo 69.1 se recuerda que ninguna forma de participación puede menoscabar la facultad de decisión del gobierno local. Este hecho contrasta con la tendencia de algunos ayuntamientos a poner el apellido «Decide» a sus webs de participación ciudadana.
El reglamento local de participación ciudadana
En comparación con otros países, España tiene mucho que avanzar en términos de participación ciudadana. Sin embargo, nuestro marco regulatorio prevé diversos mecanismos que todavía tienen mucho recorrido y que, por desgracia, no se aplican en el día a día – unas veces por desconocimiento y otras por falta de voluntad política. Algunos de estos mecanismos ya se han mencionado en la sección anterior. Otros, como los presupuestos participativos, son innovaciones que las entidades locales van introduciendo en sus reglamentos de participación ciudadana, una norma de carácter orgánico que todos los municipios deben tener en virtud de lo previsto en el artículo 70bis de la Ley de Bases.
Reglamentos de participación ciudadana los hay de todos los colores y formas. Algunos se limitan a parafrasear lo que dice la Ley de Bases (y en algunos casos ni eso) y otros introducen novedades de lo más variopintas. Si quieres profundizar más en este tema, te recomendamos la lectura de la Guía de Instrumentos de Participación Ciudadana elaborada por la FEMP y el Gobierno de Aragón en 2016.
En definitiva, al no existir una ley estatal que armonice estos reglamentos, nos encontramos con un panorama en el que el derecho de participación de un ciudadano puede distar mucho del de otro que reside en la localidad vecina. Quizá por eso, en los últimos nueve años todas las comunidades autónomas han publicado su propia ley de participación ciudadana. De nuevo, cada ley es muy distinta. A continuación te dejamos un resumen comparativo para que puedas hacerte una idea de cuál es la situación en tu región. Por supuesto, si quieres que tu municipio sea pionero en participación ciudadana, no puedes limitarte a cumplir los mínimos establecidos por ley. Y deberás buscar inspiración en lo que están haciendo otras ciudades. Pero siempre es bueno saber si estamos dentro de la legalidad o necesitamos actualizarnos.
Las leyes autonómicas de participación ciudadana
Cada comunidad autónoma cuenta con una ley que regula la participación ciudadana. En algunos casos se trata de leyes de buen gobierno que contienen unos pocos artículos sobre participación. En otros, son leyes de transparencia y participación ciudadana. Y tan sólo en el caso de Andalucía, se trata de una ley que versa exclusivamente sobre participación ciudadana. De las diecisiete leyes, nueve incluyen en su ámbito de aplicación a los municipios.
Las regiones pioneras fueron Canarias (2010), Baleares (2011) y Extremadura (2013) – región, ésta última, que dió sus primeros pasos en participación ciudadana con el apoyo de Kuorum. Y las más recientes incorporaciones son las de Andalucía (2019), Madrid (2019) y País Vasco (en proyecto). Por lo general las leyes más recientes son más innovadoras y detalladas. Pero hay excepciones como la de Galicia que, a pesar de haber sido publicada en 2016, todavía entiende la participación como un mero «mecanismo de control sobre los asuntos públicos». Por contra, Murcia en 2014 ya la definía como «la intervención individual o colectiva por parte de los ciudadanos en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas y actuaciones públicas».
Algunas comunidades autónomas ofrecen apoyo a los municipios más pequeños. Otras delegan esta función en las diputaciones provinciales. Pero todas – a excepción de la de Asturias – instan a la utilización de medios electrónicos para facilitar la participación de la ciudadanía. En la siguiente sección te explicamos cómo puedes cumplir con este requisito sin esfuerzo.
Tecnología para la participación ciudadana
Tanto si te obliga la ley como si se trata de una simple recomendación, lo cierto es que la tecnología te puede ayudar a conseguir mayores ratios de participación en tu municipio y una menor carga de trabajo en tu departamento de participación ciudadana. En el Informe de Participación Ciudadana 2019 puedes ver algunas de las razones por las que las tecnologías de participación son esenciales para estimular la participación de los jóvenes. Pero ¿qué requisitos tiene que cumplir la tecnología que contrates? Para ayudarte a elegir hemos elaborado este artículo. Si tienes cualquier duda o sugerencia, por favor, ponte en contacto con nosotros.
